Sospecho con el pecho y los diputados reculan con el…

En las últimas semanas, hemos sido testigos de un nuevo episodio que parece sacado de la ya desgastada serie de malas prácticas políticas a la que nos tiene acostumbrados el poder público. El Congreso, encabezado por su presidente Nery Ramos, anunció la suspensión del incremento salarial de los diputados, un aumento que ya había sido efectivo y que, según algunos, era solo una “nivelación salarial”. Sin embargo, es evidente que la suspensión no fue producto de una reflexión ética o de una autocrítica institucional, sino resultado de la presión ciudadana y de recursos legales pendientes. En otras palabras: recularon, pero sin convicción.

Más que una rectificación genuina, la actuación del Congreso parece una maniobra improvisada, que lejos de sanar la desconfianza pública, algo más nos comunica. ¿Qué mensaje nos están enviando cuando anulan el aumento sin asumir responsabilidades, sin disculpas y sin una mínima autocrítica? Ni Ramos, ni Castro, ni el resto de la Junta Directiva han ofrecido algo que demuestre comprensión del daño causado. Por el contrario, las críticas internas se centraron más en señalar a otros diputados de “hipócritas oportunistas” que en rendir cuentas al pueblo que los elegidos. Ya en alguna ocasión una amiga decía: “en rio revuelto ganancia de pepenadores”.

El problema no es solo económico, aunque es grave que se pretende duplicar el gasto mensual de planilla de Q4.9 a Q9.9 millones. Lo realmente alarmante es lo ético: intentar beneficiar a “algunos” en un país donde cada quetzal podría hacer la diferencia en salud, educación o infraestructura. Este episodio no está aislado; forma parte de un patrón donde las decisiones opacas y sin consulta terminan por hundirse ante la presión social. Ocurrió también con la fallida implementación del seguro obligatorio para vehículos, donde se omitió consultar a actores clave como la Superintendencia de Bancos y las aseguradoras, lo que precipitó su derogación.

Cabe preguntarse: ¿cómo es posible que quienes deberían saber de políticas públicas ignoren aspectos básicos como la viabilidad política y social? ¿O es que, más bien, la omisión es deliberada? En el fondo, incluso el ciudadano más sencillo entiende —sin ser experto en planificación— que cualquier medida debe contar con respaldo técnico y social para ser viable. Entonces, ¿por qué insisten en imponer sin consenso?

Surge la sospecha legítima de que estos alborotos no son solo torpeza política. ¿Será que mientras nos indignamos con el aumento y celebramos su revocatoria, otras decisiones se cocinan a espaldas de la ciudadanía? ¿Nos estaremos entreteniendo con una mano mientras con la otra tejen acuerdos y beneficios en la sombra? La falta de autocrítica, la rapidez con la que reculan sin explicaciones claras y la inercia de la agenda legislativa alimentan la desconfianza.

Los diputados han perdido, quizás sin darse cuenta, una oportunidad valiosa de recuperar algo de credibilidad. Porque no es solo cuestión de “nivelaciones” salariales; es la imagen que proyectan a la ciudadanía. Una clase política que recula sin dar la cara, sin asumir su responsabilidad, solo si siente la presión del pueblo, no puede pretender que le creamos la próxima vez que hable de “compromiso” o “servicio público”.

Nos corresponde, como ciudadanía, abrir bien los ojos y ver el bosque completo, no solo el árbol que nos ponen enfrente. Es momento de reflexionar y cuestionar: ¿cuál es el verdadero juego que se está disputando tras bambalinas? ¿Qué intereses se negocian mientras el Congreso improvisa discursos y recula sin convicción? En un país con tantas carencias, ya no podemos darnos el lujo de distraernos. Como diría otro de mis amigos “aquí si no está indignado, es poque no está poniendo atención”.