Por la Unidad de Investigación

La violencia que durante años dominó las calles de la Ciudad de Guatemala terminó alcanzando nuevamente el interior del sistema penitenciario.

El domingo 2 de agosto, un ataque armado dentro del Centro de Detención Preventiva para Hombres Anexo B, en la zona 18, dejó como saldo la muerte de Carlos Roberto Ortiz Romero, alias «Gorgojo», considerado por las autoridades como uno de los principales operadores de la Mara Salvatrucha en la capital. En el ataque también murió su esposa, quien se encontraba de visita, mientras un guardia del Sistema Penitenciario resultó herido al intentar responder al atentado. Las autoridades localizaron armas de fuego dentro del penal e iniciaron una investigación para establecer cómo ingresaron y quién ordenó el ataque.

Pero la muerte de «Gorgojo» trasciende el hecho criminal ocurrido dentro de una prisión.

Representa, según investigadores consultados en distintos procesos judiciales y reportes oficiales, un nuevo episodio de la guerra que desde hace más de una década enfrenta a la Mara Salvatrucha, Barrio 18 y la estructura criminal conocida como Los Caradura, organizaciones que disputan el control del narcomenudeo, la extorsión y otros mercados ilícitos en la Ciudad de Guatemala.

El ascenso de un operador criminal

Aunque durante años su nombre permaneció fuera del conocimiento público, Carlos Roberto Ortiz Romero figuraba desde hace tiempo en expedientes de inteligencia policial.

Investigadores del Ministerio de Gobernación lo identificaban como un operador de alto nivel de la Mara Salvatrucha encargado de coordinar actividades relacionadas con el narcomenudeo en sectores estratégicos de la capital.

Su influencia habría crecido principalmente en barrios históricamente controlados por estructuras dedicadas a la venta de drogas, donde convergen pandillas, distribuidores independientes y organizaciones familiares vinculadas al crimen organizado.

Las autoridades sostienen que Ortiz Romero se convirtió en una pieza importante dentro de la estructura criminal por su capacidad para ejercer control territorial mediante la violencia.

La captura que cambió el tablero

El 6 de febrero de 2024, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ejecutaron una serie de allanamientos contra una estructura señalada de conspiración para el tráfico de drogas, asociaciones delictivas y asesinatos.

Entre los capturados apareció Carlos Roberto Ortiz Romero.

Las autoridades aseguraron entonces que el grupo mantenía operaciones de distribución de drogas en distintos sectores de la capital y estaba relacionado con desapariciones, homicidios y otros delitos graves.

Su captura representó uno de los golpes más importantes contra esa estructura criminal.

Sin embargo, aun privado de libertad, las investigaciones posteriores sostuvieron que Ortiz Romero habría continuado ejerciendo influencia sobre integrantes de la organización.

El crimen que cambió la guerra

La notoriedad pública de «Gorgojo» llegó tras uno de los casos criminales que más impacto causó en Guatemala durante 2024.

Cinco jóvenes desaparecieron después de salir de un centro nocturno ubicado en la zona 9 capitalina.

Días después, las investigaciones del Ministerio Público concluyeron que habían sido asesinados y que sus cuerpos fueron destruidos con ácido en el barrio El Gallito, zona 3.

Según la hipótesis presentada por los investigadores, Ortiz Romero habría ordenado la ejecución de las víctimas. Esas acusaciones formaron parte de los procesos judiciales iniciados en su contra y no constituyen una condena firme.

Aquel crimen modificó profundamente las relaciones entre organizaciones criminales.

La ruptura con Los Caradura

Antes de consolidarse como operador de la Mara Salvatrucha, las investigaciones oficiales sostienen que Ortiz Romero mantenía vínculos con la estructura denominada Los Caradura, una organización dedicada principalmente al narcomenudeo en la Ciudad de Guatemala.

Tras el asesinato de los cinco jóvenes, esa alianza se rompió.

Las autoridades sostienen que Francisco Édgar Domínguez Higueros, identificado como uno de los líderes de Los Caradura, expulsó a «Gorgojo» de la organización y le retiró el control del territorio que administraba.

Aquella decisión habría desencadenado una guerra abierta.

Desde entonces comenzaron ataques armados, ajustes de cuentas y disputas territoriales entre Los Caradura, la Mara Salvatrucha y sectores vinculados al Barrio 18.

La muerte de «Paco»

La confrontación continuó escalando.

Posteriormente, investigadores del Ministerio Público señalaron que Ortiz Romero habría ordenado el asesinato de Francisco Édgar Domínguez Higueros, conocido como «Paco», uno de los principales dirigentes de Los Caradura.

Ese homicidio, ocurrido cuando la víctima salía de una clínica médica en la zona 10, profundizó la confrontación entre estructuras rivales y generó una nueva ola de violencia relacionada con el control del narcomenudeo. Estas señalamientos forman parte de investigaciones oficiales.

Un poder que sobrevivía desde prisión

Uno de los aspectos que ahora investigan las autoridades es hasta qué punto Ortiz Romero continuó dirigiendo operaciones criminales desde el sistema penitenciario.

Diversos casos en Guatemala han evidenciado que varios líderes de pandillas mantienen comunicación con sus estructuras aun estando encarcelados.

Precisamente esa posibilidad convierte su asesinato en un hecho de especial relevancia para los investigadores.

La principal hipótesis considera que su muerte podría responder a una represalia derivada de las disputas criminales que mantenía antes y después de su captura.

Hasta ahora, sin embargo, el Ministerio Público no ha identificado públicamente a los autores intelectuales del ataque.

Las preguntas que deja el atentado

Más allá de la figura de «Gorgojo», el atentado vuelve a colocar bajo escrutinio al Sistema Penitenciario.

¿Cómo ingresaron armas de fuego al centro de detención?

¿Por qué un ataque de esta magnitud pudo ejecutarse durante el horario de visitas?

¿Persisten estructuras criminales con capacidad de operar desde las cárceles?

Las respuestas a esas preguntas podrían revelar si el asesinato fue únicamente un ajuste de cuentas o evidencia una infiltración más profunda dentro del sistema penitenciario.

Una guerra que continúa

La muerte de Carlos Roberto Ortiz Romero no significa necesariamente el fin del conflicto.

Analistas de seguridad han señalado que la disputa entre pandillas y organizaciones dedicadas al narcomenudeo responde a dinámicas económicas y territoriales que trascienden a sus líderes.

El control de barrios estratégicos, rutas de distribución de drogas, extorsiones y otras economías ilícitas continúa siendo uno de los principales motores de la violencia urbana.

En ese contexto, el asesinato de «Gorgojo» podría representar el cierre de la trayectoria de uno de los presuntos operadores más relevantes de los últimos años, pero también el inicio de una nueva etapa en la reconfiguración del crimen organizado en la capital guatemalteca. Las investigaciones oficiales continúan para determinar quién ordenó el ataque y cuáles serán sus consecuencias en el mapa criminal del país.