Nube de incertidumbre en Semana Santa.

La Semana Santa es, por tradición, un espacio de recogimiento, introspección y esperanza. Para muchas personas, es un momento de pausa en medio del caos cotidiano, un respiro para el alma. Sin embargo, para el Congreso de la República y otros sectores del aparato estatal, parece más bien una oportunidad para esconderse detrás del incienso, las procesiones y las vacaciones, mientras los escándalos crecen como levadura sin control.

En las últimas semanas hemos sido testigos de un espectáculo lamentable: diputados que aprobaron un aumento salarial para sí mismos, de madrugada, mientras el país dormía. Lo hicieron con premura y en silencio, cual ladrones que acechan en la noche, bajo el amparo de una moción privilegiada —ese eufemismo legal que, traducido al lenguaje común, significa «aquí mando yo y me beneficio primero».

Luego, cuando la indignación ciudadana explotó como bomba en procesión, fingieron sorpresa y arrepentimiento. Anunciaron que “dejaban sin efecto” el aumento. Pero, sorpresa: eso solo se puede hacer en el pleno, y las sesiones han sido casualmente suspendidas por falta de quórum. Dos semanas de inasistencia, de bancadas desaparecidas, de diputados que prefieren el descanso al deber.

Y es que el sueldo —aumentado o no— se cobra igual. Nada mejor que un empleo donde no hay consecuencias por no asistir, y en el que, si te pagan más, lo decides tú mismo. El Congreso ha dejado claro que no solo legisla mal, sino que lo hace para su propio beneficio. Mientras tanto, la ciudadanía debe conformarse con la excusa de que la suspensión del aumento “es un paso en la dirección correcta”. Como si el gesto simbólico fuera suficiente para borrar el intento descarado de beneficiarse a costa del pueblo y que para variar aún no han hecho.

Pero el Legislativo no está solo en este viacrucis de desvergüenza. En el Ejecutivo, también hay Judas. Aunque el presidente Bernardo Arévalo cumplió su promesa de reducir su salario en un 25% —acto que incluso firmó en público, con cámara y testigos, como buen acto de “fe democrática”—, su compañera de fórmula, la vicepresidenta Karin Herrera, simplemente no lo hizo. No fue una omisión. Fue una negativa.

Su argumento fue que el salario es un derecho adquirido, ligado al cargo, y no a la persona. Es decir, puede haber voluntad política, pero si el papel dice otra cosa, se lava las manos. Pilatos estaría orgulloso.

Mientras tanto, Herrera sigue recibiendo Q136,412 mensuales, más que el propio presidente. Se convierte así, de manera formal y sin mucho esfuerzo, en la funcionaria mejor pagada de Guatemala. Aunque el año pasado anunció que la reducción de su salario sería redistribuida entre secretarías bajo su cargo, eso tampoco ocurrió. O, como decimos en buen chapín, “pura casaca”.

Todo esto ocurre en un contexto aún más preocupante: diputados señalados por exigir «comisiones» a alcaldes, más de Q7 mil millones en proyectos sin controles, y un sistema de partidos que permite la reelección casi automática de personajes sin mérito, sin formación, y sin el más mínimo interés por el bien común.

Para legislar en el Congreso no necesitas estudios universitarios. Esto no es ilegal, pero sí profundamente alarmante cuando se combina con la falta de ética, preparación, y compromiso público. ¿Qué se puede esperar de un sistema que premia a quien paga por un lugar en la lista y no al que tiene vocación de servicio?

Mientras tanto, la presión ciudadana crece. Transportistas y autoridades indígenas, como los 48 Cantones de Totonicapán, han advertido que paralizarán el país durante Semana Santa si no se deroga el aumento salarial. Desde el cese del transporte público hasta el bloqueo de camiones y comercios, el mensaje es claro: ya no basta con la indignación, se exige acción.

En Semana Santa recordamos pasajes de traición, sacrificio y esperanza. Guatemala, lamentablemente, vive un calvario cívico constante. Y aunque no hay resurrección sin cruz, tampoco hay cambio sin ciudadanía activa.

Por eso, más que nunca, no podemos levantar el dedo del renglón. No podemos permitir que nos distraigan con promesas vagas ni con maniobras políticas disfrazadas de legalidad. La presión debe continuar, porque si los ciudadanos no cuidan la democracia, los políticos la venden al mejor postor… con factura y todo.

Que esta Semana Santa, además de reflexión espiritual, nos sirva para meditar sobre el país que estamos construyendo. Porque si no lo hacemos ahora, después solo quedará el silencio… y la factura inflada.